Los meses venideros se auguran como una primavera caliente, jalonada por la tensión que crece entre pedidos de financiamiento y el gobierno central. Se anuncia una agregación de demandas sectoriales y regionales en una intensidad que no se registra desde los últimos años de la década pasada, cuando a las exigencias sindicales se añadieron las regionales, a las que luego se sumó la movilización democrática. Tratándose de momentos distintos –ahora existe un régimen democrático– operó en ambos casos, sin embargo, un elemento catalizador: los frentes regionales, un fenómeno peruano sobre el que habría que instalar una observación objetiva.

Los frentes regionales actuales son herederos de los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), vieja formulación de la izquierda de los años 70 con la que por un lado pretendían potenciar las nuevas fuerzas sociales, particularmente los pueblos jóvenes en las grandes ciudades, y, por el otro, acumular fuerzas distintas al sindicalismo tradicionalmente dominado por el PC. Los FEDIP tuvieron corta vida, no obstante participaron con dinamismo en la lucha contra la dictadura militar de Morales Bermúdez.

Su segundo debut fue, precisamente, en los 90, aunque para entonces el concepto había evolucionado: las demandas regionales se habían transformado en el paradigma del desarrollo regional, paraguas bajo el cual cabían exoneraciones tributarias (Frente Patriótico de Loreto), facilidades aduaneras (Frente Patriótico de Tacna), reconstrucción de ciudades afectadas por el Niño (Frente Cívico para la Reconstrucción y Desarrollo de Ica), resistencia a la privatización de los puertos (Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del Santa), construcción de vías (Asamblea Regional del Cusco), entre otras exigencias. Esta vigencia alcanzó a inicios de la década y tuvo en el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) al protagonista del "arequipazo" contra la privatización de las empresas Egasa y Egesur en el 2002. Debido a ese dinamismo, los frentes regionales participaron en la gestación del Acuerdo Nacional.

La instalación de los gobiernos regionales debilitó los frentes por 4 o 5 años. Fue el periodo en que la autoridad regional concentraba la legitimidad territorial y la intermediación con el gobierno central. En la nueva etapa, lo primero y segundo están en crisis, salvo excepciones. Un dato es relevante: los gobiernos regionales menos populares tienen al costado frentes regionales crecientemente vigorosos, que pasan a liderar de manera más eficaz las coaliciones distributivas regionales. Lo que sucede en Ayacucho y Moquegua es ejemplo de ese traslado de competencias y un mensaje claro a los presidentes regionales sindicalistas y populistas que reducen su labor al reclamo ante Lima: sin ataduras institucionales, los frentes pueden exigir con más suerte y menos rubor callejero. Pero es también un aviso al actual esquema de distribución presupuestal enviado al Congreso: es necesario recortar ahora, pero no debe hacerse con la simplicidad con la que se corta un queso.