14 de julio:

El vergonzoso desfile del ejército mexicano en los Campos Elíseos

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Este 14 de julio, el diario francés Le Monde ha publicado un artículo relativo a la inauguración del desfile del Día Nacional en Francia con la participación del ejército peñista. Como parte de un servicio público, nos hemos dado a la tarea de traducir el artículo directamente de Le Monde. Esperando que la traducción sea lo más fiel posible, aquí la compartimos. Únicamente se han suprimido referencias al cargo usurpado por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El resto del texto e imágenes son fiel traducción del original.

149 cadetes y cinco oficiales del ejército mexicano abrirán el desfile en los Campos Elíseos. Algunos tendrán sus puños enguantados con un águila real, el emblema de México, invitado de honor del gobierno francés para el día de fiesta nacional. Entre ellos, un destacamento de la nueva policía mexicana, formada al estilo de los gendarmes franceses. En combinación con la visita de Estado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, del 13 al 16 de julio, este iniciativa despierta reacciones fuertes en ambos lados del Atlántico.
 


Las sospechas se ciernen sobre violaciónes de derechos humanos cometidas por soldados mexicanos. "Las desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias son práctica común entre fuerzas de seguridad y la policía mexicana", dice Geneviève Garrigos, presidente de Amnistía Internacional en Francia. Agrega que "François Hollande debe recordarle a su invitado que estos actos no pueden quedar impunes, mientras que Francia celebra su Día Nacional."

"Las desapariciones forzadas, la tortura y las prácticas de detención arbitraria están muy extendidas entre las fuerzas de seguridad y policiales mexicanas"

En México, la controversia se centra en las nuevas revelaciones sobre el caso de Tlatlaya. El 30 de junio 2014 por la madrugada, en esta ciudad localizada a 240 km al sur-oeste de la ciudad de México, ocho soldados asesinaron a 22 presuntos miembros de una banda criminal. Posterior al hecho, las autoridades afirmaron que los militares habían respondido a un ataque de "delincuentes", abatiendo a 21 hombres y una mujer en un cobertizo abandonado.

Desde entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Especial del Congreso encargada de la investigación concluyeron por separado que al menos 15 víctimas fueron asesinadas a sangre fría, cuando ya se habían rendido. Las evidencias de la masacre fueron alteradas por los militares, y tres mujeres, detenidas después de la refriega, fueron, de acuerdo a los informes, amenazadas por la policía para disuadirlas de testificar.

El 2 de julio, el Centro [de derechos humanos] Miguel Agustín Pro Juárez, organización de defensa civil mexicana, reveló que la orden de los soldados involucrados era "abatir a los criminales en la noche" Y agregó que esta norma constituye una "incitación generalizada para cometer graves violaciónes de los derechos humanos", más que el resultado de un hecho aislado. El gobierno negó todas las acusaciones.

 



26.000 desaparecidos

Otro caso agita la opinión pública: la desaparición, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de pedagogía en Iguala en el estado de Guerrero (suroeste), lo que provocó una ola de indignación más allá de las fronteras mexicanas. De acuerdo con la investigación oficial, los desaparecidos fueron atacados por policías municipales, vinculados a un cártel de la droga. Los estudiantes fueron supuestamente entregado a un grupo de narcotraficantes, y posteriormente asesinados; luego estos quemaron sus cuerpos y arrojaron sus restos en un río. El alcalde de Iguala y el gobernador de Guerrero, afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron involucrados.

Nueve meses más tarde, voces siguen denunciando la posible complicidad del ejército en este caso de desaparición forzada. Varios testigos afirmaron que soldados del Batallón 27, con sede en Iguala, estuvieron presentes durante la masacre. El 29 de junio, expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentaron que las autoridades no les permiten tener una audiencia con los soldados del 27 batallón militar.

Varios detenidos han sido presuntamente torturados por la policía. Estos abusos son "generalizados", según los últimos informes de la ONU sobre desapariciones forzadas y la tortura, en un país con 26 000 desaparecidos. Entre 2010 y 2013, más de 7.000 denuncias fueron presentadas ante la CNDH. Pero solo siete torturadores han sido condenados por los tribunales. Voces denuncian los excesos de uso excesivo de la fuerza desde que el ex presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN, derecha, 2006-2012), desplegó a las fuerzas armadas en el territorio para luchar contra los cárteles del narcotráfico, con el apoyo logístico de los Estados Unidos.

Su sucesor, el señor Peña Nieto, ha ordenado que de 35 000 a 45 000 militares deban permanecer en las calles para hacer frente a la corrupción policial. "No es nuestro propósito llevar a cabo funciones de policía, pero entendemos que nadie más lo puede manejar", dijo el Secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, en una entrevista con el diario El Universal el 29 de junio El secretario afirmó que las denuncias contra militares 'han disminuido'. Según la Secretaría, entre el primer trimestre del 2012 y el primer trimestre del 2015, las denuncias bajaron de 588 a 223.
 


"La sobreexposición a las fuerzas armadas"

En los últimos nueve años, se han registrado más de 3.530 enfrentamientos que involucran a militares, más de uno al día. La lucha entre los cárteles y las fuerzas de seguridad han dejado más de 100.000 muertos. "La espiral de violencia y violaciónes de los derechos humanos son el resultado de la sobreexposición de las fuerzas armadas, que no están preparadas para llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz y el orden", dijo Enrique González, sociólogo experto en ciencia militar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). José Francisco Gallardo, un general retirado, que denunció los abusos de los militares, afirma que "las viejas prácticas represivas no han muerto. Al igual que los asesinatos cometidos por las autoridades durante la "guerra sucia" de los años 1960 y 1970, ningún oficial de alto rango ha sido juzgado por extorsión cometida por sus tropas."

Sin embargo, el presidente Peña Nieto, cuya toma de posesión marcó el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI, de orientación centro), ha hecho del respeto a los derechos humanos una prioridad. El 13 de junio de 2014, se promulgó una reforma del código de justicia militar. Ahora, para terminar con la impunidad, los soldados acusados ​​de crímenes contra civiles serán juzgados por los tribunales ordinarios y no por tribunales militares. Por lo tanto, los ocho soldados acusados ​​en el caso Tlatlaya serán presentados ante un tribunal civil. El general Cienfuegos reconoció que este caso es "muy costoso" para la imagen de la institución, que , de acuerdo a encuestas, sigue siendo la más confiable a los ojos de los mexicanos.

El Sr. Peña Nieto anunció en septiembre la participación de mexicanos en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Haití y el Sahara Occidental. Hasta el momento, los principios de la diplomacia mexicana siempre habían sido de no involucrarse en un conflicto fuera de las fronteras del país. Este cambio de política divide a la opinión pública. El teniente coronel Víctor Manuel Serrano, que será el encargado de inaugurar la marcha de los cadetes en los Campos Elíseos, dijo sentirse, 'halagado'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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