Oposición. Los pobladores interrumpieron una audiencia el pasado 28 de agosto. (Gessler Ojeda)
Por Gessler Ojeda Mercado
No existe una ley clara que ampare las consultas vecinales que se realizarán mañana, en la provincia de Islay, por el proyecto minero Tía María. Pese a ello, las municipalidades de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Mejía y Matarani aprobaron los procesos en sesión de concejo y, amparados en ese documento, los alcaldes destinaron recursos ediles para concretar la jornada electoral.
Pero las comunas no son las únicas que están detrás de las consultas. En la organización hay gente de Patria Roja y del Partido Nacionalista, así como dirigentes de frentes de defensa y, sobre todo, ex y futuros candidatos que buscan, por todos los medios, frustrar el proyecto minero de Southern Peru.
REVUELTOS EN COCACHACRA. Cocachacra es el distrito en el que se encuentra la mina y, por lo tanto, donde hay mayor efervescencia para la consulta.
La organización de todo el proceso está en manos del presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, quien fue candidato a la alcaldía en las elecciones pasadas e integrante del comité de revocatoria que intentó sacar del sillón municipal a Juan Guillén en 2008. Paradójicamente, su ex rival, actual alcalde de Cocachacra, fue quien convocó el referéndum.
Aunque el burgomaestre niega que la municipalidad financie la consulta, lo cierto es que sí se usan recursos de la comuna para publicitar el ‘No a la minería’ pues se facilitan vehículos y se entregan útiles de escritorio. Además, el propio alcalde realizó viajes a Lima pagados por el municipio con el mismo objetivo y su personal hace propaganda por el ‘No’.
LA PUNTA Y LA CURVA. En Punta de Bombón, el proceso es impulsado por Félix Quispe, presidente del comité electoral, pero la consulta también tiene el apoyo del alcalde Guillermo Mamani. El burgomaestre llegó al poder por el Partido Nacionalista. En tanto, Félix Quispe fue presidente de la Junta de Usuarios en la gestión pasada y también intentó ser alcalde.
En Dean Valdivia, la situación es similar. El alcalde Richard Ale Cruz fue uno de los primeros en poner reparos a Tía María, pero fue de los que más apoyó el programa de capacitación técnica de jóvenes que financió Southern Peru en 2008.
MEJÍA ROJA. Por otra parte, el concejo municipal de Mejía aprobó la consulta vecinal cuando la alcaldesa Martha Franco no estaba en la ciudad. Actualmente, Cintya Ávila, regidora de la comuna distrital y ex militante de Patria Roja, organiza el referéndum antiminero con el apoyo decidido de María Luzmila Marroquín, presidenta de la junta de usuarios y ex candidata a la alcaldía de Islay.
PUERTOS TOMADOS. En Mollendo, el burgomaestre Miguel Román no estuvo de acuerdo con la consulta. Por ello, los dirigentes populares asumieron el control y, en asamblea, eligieron a la profesora Lucía Bernedo como presidenta del comité electoral. Sobre ella solo hay buenos comentarios. El problema es la gente que la rodea.
En las comisiones está Percy Paco Jaramillo, empresario dedicado a la crianza de pollos y quien tiene un proceso judicial con Southern Peru. Fue acusado de invadir terrenos concesionados y de asaltar a mano armada un campamento de la empresa minera. Ahora es el principal financista de la consulta y el más interesado por ganar la posesión del terreno que aún mantiene invadido.
Ricardo Quispe, secretario general de la CGTP y quien comandó los actos de violencia en la audiencia pública suspendida del pasado 27 de agosto, también está en la organización.
